En la práctica clínica diaria en salud mental, surgen situaciones en las que los enfermos no aceptan tratamiento. Aunque el derecho a decidir, es un pilar fundamental, en Salud Mental existen pacientes que debido a su enfermedad, no están en disposición de elegir libremente, por lo que no tratarlos genera un conflicto ético. El concepto de enfermo mental y su asistencia ha evolucionado desde un modelo institucionalizado a un abordaje comunitario. La legislación actual contempla el tratamiento involuntario sólo a nivel hospitalario y a nivel ambulatorio como causa penal o en pacientes incapacitados. Por tanto existen situaciones en las que no se puede tratar a un enfermo que no da su consentimiento, aún sabiendo que esto será perjudicial para su salud, siendo en muchas ocasiones la negativa a tratarse síntoma de su propia enfermedad. De estos casos surge la propuesta de modificación la Ley para la implantación del Tratamiento Ambulatorio Involuntario en Salud Mental, ya contemplado y legislado en otros países. Esta iniciativa generó un polémico debate entre los distintos organismos de Salud Mental.